Ley de Cine: La varita mágica de Luciana León

El debate de la ley de cine se ha complejizado entre el aún vigente desacuerdo en la comunidad cinematográfica, los desconocidos procedimientos legislativos y las falacias que se sueltan sin límites, como las declaraciones de la congresista Luciana León dadas el lunes 5 al diario El Comercio. Se busca generar confusión en cineastas, políticos y opinión pública en general, por lo que explicaremos el asunto del modo más claro posible para el entendimiento de todos, desde los puntos de vista legal y político. Tomen aire, el relato es largo.

El Parlamento estuvo en receso hasta fines de febrero. La Comisión de Educación y Cultura, una de las que analiza la ley de cine –otra es la de Economía–, organizó el 30 de octubre un foro público para debatir sobre los proyectos de Jhony Peralta (marzo 2009) y de Carlos Raffo (junio 2009). Peralta proponía la entrega fija y obligatoria a Conacine, de la mitad del impuesto municipal del 10% a la entrada al cine; 25% del nuevo fondo al cine regional; garantía de derechos laborales y suspensión de apoyos económicos por no respetarlos. Raffo planteaba el aporte «voluntario y temporal» del 3% de la entrada, por cinco años consecutivos; y la creación del Fondo Antipiratería con el 0.2% del boleto, administrado por la Cruzada Antipiratería, asociación civil dirigida por las empresas distribuidoras y exhibidoras, con la estrecha participación de Indecopi.

El 2010 llegó sin que la Comisión elaborara documento oficial alguno sobre los proyectos. Mientras esa situación se mantiene, sus autores los pueden retirar si lo desean. Entonces Peralta convocó a todos los sectores involucrados a una reunión para el martes 9 de febrero, en la que los únicos ausentes fueron los miembros de la Asociación de Productores Cinematográficos del Perú (APCP), y ahí informó que en la víspera, el lunes 8, sostuvo una reunión privada con Augusto Tamayo, Francisco Lombardi, Gustavo Sánchez y Palito Ortega Matute, quienes le presentaron sus propuestas. ¿Cuáles fueron?

El viernes 12 de febrero la Unión de Cineastas Peruanos (UCP), en la lista Cinemaperú –que reúne a más de 1800 personas del mundo audiovisual–, y su presidente Christian Wiener, en su blog dedicado a la legislación cinematográfica, publicaron el documento que la APCP entregó a Peralta, firmado por su presidente, Augusto Tamayo, y suscrito por 36 realizadores, la mayoría largometrajistas.

La APCP planteó integrar los proyectos de Peralta y Raffo, repartir «en 3 partes iguales» el impuesto derogado, revisar la creación de la Cinemateca Nacional porque ya existía la Filmoteca PUCP, no ingresar a planilla al personal para el rodaje de un mes, y destinar «alrededor del 5% del presupuesto del CONACINE, no para la producción de películas regionales, ya que éstas pueden participar en los concursos generales del CONACINE que tienen carácter nacional, sino para la formación en talleres y seminarios sobre formas de producción, financiamiento y ejecución de proyectos cinematográficos».

Llegaron los virajes. Peralta empezó a tomar acuerdos con Raffo y Luciana León (firmante de los dos proyectos originales). El miércoles 17 de febrero, como algo zanjado, los asesores de los tres legisladores, acompañados por Francisco Lombardi, Gustavo Sánchez y Augusto Tamayo, representantes de la APCP, informaron a Christian Wiener e Inés Agresott, miembros de la UCP, que «se había llegado al consenso» de retirar de la Comisión de Educación y Cultura los proyectos originales, y presentar uno nuevo que pudiera evitar o abreviar el paso por dicha comisión y acceder con mayor rapidez al pleno del Congreso.

Este nuevo proyecto dividiría el impuesto municipal en tercios para cineastas, distribuidores y exhibidores, disminuiría los requerimientos laborales y del cine regional, y no crearía la Cinemateca Nacional. La UCP se mostró en desacuerdo y subrayó que no podía apoyar proyecto «consensuado» alguno sin revisar adecuadamente la redacción final, la cual fue enviada por el equipo de Peralta, prácticamente de modo personal, recién el sábado 27 de marzo, luego de presentarlo en el Congreso el martes 23 de marzo.

Previamente, a principios del mismo mes, la Comisión de Educación y Cultura había retomado sus actividades, y puso en agenda el tema de la ley de cine. Raffo y Peralta no habían retirado sus proyectos originales. El martes 2 de marzo, el parlamentario Werner Cabrera, presidente de la comisión, presentó un predictamen sobre la materia, e interpuso un proyecto nuevo, basado en la propuesta original de Peralta, que en esas fechas ya estaba quedando huérfana. De este modo, el retiro de los proyectos originales ya no procede.

El martes 9 de marzo se publicó el comunicado 25 de la UCP en Cinemaperú y el blog de Christian Wiener, que reafirmaba las demandas básicas del 50% del impuesto, no menos de 25% para las regiones, un enfoque cultural, y la inclusión contundente del tema laboral y la Cinemateca Nacional.

El lunes 15, la APCP envió un comunicado a unas 70 personas mayoritariamente afines, entre cineastas, congresistas, asesores parlamentarios, distribuidores, exhibidores, y abogados de este último binomio.

La APCP desea comunicar a la comunidad cinematográfica su sorpresa y preocupación ante la aparición en el Congreso Peruano de un nuevo proyecto de ley de cine presentado por el congresista Cabrera de la Comisión de Cultura, después de que se había llegado supuestamente el día lunes 8 de marzo –ante los representantes de la APCP, de la UCP y ante los señores congresistas Peralta, Raffo y León– a un consenso entre todos los involucrados sobre el proyecto que estaba en discusión desde hace ya varios meses

La aparición de este proyecto trae abajo la posibilidad de que pueda presentarse ante el pleno un proyecto en el que todas las partes estén de acuerdo, condición supuestamente indispensable para su aprobación. La aparición, para muchos inconsulta de este proyecto, parecería demostrar de que se plantea un escenario en el que cual se desea pulsar poderes para ver quien impone condiciones unilateralmente.
Lamentamos que una situación aparentemente superada y consensuada por declaración explícita de todas las partes –y en la que estaban de acuerdo los congresistas que habían venido participando con interés en el tema cinematográfico- quede en suspenso.
La Asociación de Productores Cinematográficos del Perú – APCP

Hay una grave falsedad o equivocación (en todo caso, no corregida). El lunes 8 de marzo, miembros de la UCP no tuvieron reunión alguna con colegas de la APCP, ni con los congresistas mencionados, ni con sus asesores. En el comunicado 25, la UCP puntualizó que nunca se han reunido con los tres parlamentarios juntos.

Veamos ahora cómo Luciana León se explaya cómodamente en El Comercio sobre el proyecto Raffo-Peralta:

¿Se puede desinformar tanto a la opinión pública? En primer lugar, la legisladora, integrante de las dos comisiones claves en este asunto, las de Economía y de Educación y Cultura, habla del «proyecto Procine» como si fuera el único. Aunque no le guste, la figura es de dos proyectos recientes, que reemplazan de algún modo a los dos originales. El de Cabrera toma el lugar que abandonó Peralta, y el de Raffo-Peralta es una fusión en la que predominan las propuestas de Raffo. Incluso, la cuestionada expresión «voluntario y temporal» sigue en la exposición de motivos, y se refrenda con el «convenio» en el artículo 5, inciso a).

«Hemos presentado el proyecto Procine, que consiste en dos grandes objetivos. En primer lugar, vamos a eliminar un impuesto municipal que lo que está haciendo es encarecer las entradas, y el compromiso de las salas de cine es, a la hora que van a abaratarse sus precios, porque ya no van a tener que pagar este impuesto municipal, van a dar el 3% del precio de las entradas a lo que es un fondo Procine que va a permitir mayor producción nacional», empieza a narrar.

¡Va a bajar el precio de la entrada al cine! Primera noticia. Desde hace unos años, sube y sube. Hasta donde recuerde, los exhibidores, salvo las campañas tipo Día del Cine, nunca han dejado entrever que piensan disminuir el precio. Y en todo caso, ¿por qué lo anuncia la congresista y no las propias empresas?

Otra novedad es que el aporte será de 3%. ¡Pero en el proyecto que ella misma ha presentado dice 3,33%! Así lo señala parte del artículo 5 del Capítulo II, titulado Fondo para el Desarrollo de la Producción Cinematográfica Nacional FONDO PROCINE, que vemos a continuación.

Artículo 5.- Financiamiento del Fondo PROCINE

El Fondo PROCINE, que complementará otros recursos que por Ley u otros convenios correspondan al CONACINE, contará con los siguientes recursos:

a. Aporte que efectuarán los distribuidores y exhibidores de películas cinematográficas quienes destinarán al fondo el tres punto treinta y tres por ciento (3.33%) sobre el valor de cada entrada, deduciendo el Impuesto General a la Ventas y/o cualquier otro impuesto de aplicación a las entradas de cine.

Este aporte podrá ser deducido como gasto para fines tributarios, para lo cual tanto los aportantes como el CONACINE deberán cumplir con los requisitos establecidos en las normas tributarias que regulen dicha materia.

Como se ve, pretenden también que el aporte se deduzca «como gasto para fines tributarios». Es decir, los distribuidores y exhibidores quieren maximizar sus ganancias por cualquier lado. Para eso se hace, pues, una ley que supuestamente promueve la cinematografía nacional.

León continúa: «Con este fondo Procine, lo que se va a hacer es ir por un año sumando, sumando, este 3%, toda la cantidad la van a tener por un año, y lo van a traspasar a Conacine». Pero en el artículo 6 del mismo Capítulo, dice otra cosa.

Artículo 6.- Entrega de los Aportes al Fondo PROCINE
Los aportes señalados en el Artículo 5o, se otorgarán a partir del mes siguiente de la publicación de la presente Ley y deberán ser depositados en las cuentas que el CONACINE establezca para estos exclusivos efectos.

En el caso de los aportes a que se refiere el literal a) del Artículo 5o, deberán ser depositados por las empresas exhibidoras semanalmente los días lunes y además remitir un formulario especial de liquidación donde constarán todas las ventas de entradas realizadas durante la semana.

O sea, ¿las empresas exhibidoras acumularán el dinero durante un año, o lo depositarán semanalmente? El decano de la prensa nacional trata de traducir el disparate con esta redacción: «‘Este fondo Pro Cine acumulado será transferido al Consejo Nacional de Cine (Conacine) para que una vez al año organice un concurso de largometraje y cortometraje y premie a los ganadores’, precisó.»

Sigue Luciana: «Conacine en el año va a generar un concurso para lo que es largometraje y cortometraje, y a los que ganen se les va a dar diferentes cantidades de recursos, de acuerdo al premio, si es primer premio, segundo premio, más plata, menos plata. Y con eso los ganadores van a poder realizar, van a tener un fondito para poder realizar su película. Esto va a permitir que hoy en día, que Conacine tiene 4 millones y medio de soles, pueda tener a fin de año, si aprobamos la ley en el 2010, van a poder tener 10 millones de soles, o sea vamos a duplicar su presupuesto y con eso obviamente también vamos a duplicar la producción de cines, ehhh, de películas nacionales.»

Corrección. En el 2010, Conacine ha alcanzado el presupuesto récord de su historia: 4 millones 200 mil soles. ¡Y cómo se confunde con las duplicaciones!

Agrega: «Lo interesante de esta ley Procine es que ha sido consensuada tanto por los productores, los que realizan las películas, como también las salas, que exhiben las películas. Entonces hay un consenso por ese lado. Por otro lado, también hay consenso por parte de los partidos políticos, porque todos, APRA, Unidad Nacional, nacionalistas, fujimoristas, nos hemos puesto de acuerdo y todos hemos firmado el proyecto de ley, con lo cual entra más fácil a la hora del debate, todos estamos de acuerdo, todos conocemos del tema, ¡pá!, lo debatimos y lo aprobamos fácilmente, ¿no?»

En la imagen se puede apreciar las firmas de los dieciocho parlamentarios que suscriben el proyecto Raffo-Peralta. Efectivamente, pertenecen a varias bancadas, principalmente la aprista y la fujimorista, pero ninguna aparece completa. No constituyen una aplastante mayoría.

«Puede ser que uno que otro quiera modificar algo, pero no hay problema, yo creo que lo sustantivo se va a aprobar. Luego, en el pleno de la misma manera, la mayoría ya lo conoce y se aprueba, entonces yo espero que antes de fin de año, antes del 2010, podamos ya estar aprobando esta ley, espero que sea en uno o dos meses, que podamos estar aprobándolo en el pleno, e inmediatamente su aprobación. Nuestro objetivo es para que el 2010 ya esté aprobada la ley y empiece a rendir frutos este Fondo Procine», concluyó la parlamentaria aprista.

Con dos proyectos tan antagónicos, las comisiones tendrán que discutirlos. Sólo se puede llegar rápidamente al pleno del Congreso cuando existe un solo proyecto y ha logrado un verdadero consenso gremial y político.

En conclusión, ¿en qué consisten los nuevos proyectos Cabrera y Raffo-Peralta?

Proyecto Cabrera: «Ley que promueve la Cinematografía orientada al Desarrollo Cultural Soberano»

• Disminución a 0% del impuesto municipal del 10% al boleto cinematográfico.
• Entrega fija y obligatoria de la mitad (50%) de ese monto liberado, al Fondo de Desarrollo Cinematográfico (FODECINE), administrado por Conacine.
• Los aportes serán consignados por los sujetos obligados dentro de las fechas de pago establecidas por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), para el pago de los tributos mensuales.
• Creación y mantenimiento de la Cinemateca Nacional, recibiendo no menos de 4% y no más de 5% del presupuesto anual del Fondo FODECINE.
• Entrega de no menos del 30% del Fondo FODECINE al cine regional.
• Inclusión en el Consejo Directivo de Conacine de representantes de la TV del Estado y de los promotores cinematográficos.
• Obligación de las productoras de garantizar a sus trabajadores el derecho a sindicalización, beneficios sociales, prestaciones de salud, jubilación y seguro de riesgo; suspensión por parte de Conacine de un apoyo económico a una empresa que incumpla sus compromisos laborales.
• Las emisoras del Estado deben dedicar un porcentaje de su programación nacional a promover y difundir las obras cinematográficas nacionales de largo, medio y cortometraje, en coordinación con Conacine.
• Promoción del desarrollo de la cinematografía en todas las regiones del país, facilitando el contacto entre Conacine y todos los miembros de la actividad cinematográfica, en coordinación con las Oficinas Regionales del INC.

Proyecto Raffo-Peralta: «Ley de Masificación del Cine y Fomento de la Producción Cinematográfica Nacional»

• Disminución a 0% del impuesto municipal del 10% al boleto cinematográfico.
• Entrega de un tercio (3,33%) de ese dinero liberado al Fondo Procine, administrado por Conacine.
• Formalización del aporte a través del convenio «Programa de Incentivos a la Producción Cinematográfica Nacional», suscrito por representantes de Conacine y de los distribuidores-exhibidores, y refrendado por el Ministerio de Educación.
• Este convenio, reforzado por el uso del término «voluntario y temporal» en la exposición de motivos, vuelve a convertir el aporte en un asunto de voluntades y no de obligaciones legales.
• Entrega de no menos del 20% del Fondo PROCINE al cine regional.
• Presentación por parte de las empresas exhibidoras de informes anuales de Inversión en Infraestructura Cinematográfica, desarrollada para reducir el déficit de salas en el territorio nacional.
• Proyecciones gratuitas hechas por los distribuidores y exhibidores de sus principales estrenos para los sectores de escasos recursos.
• Uso voluntario del 0.2% del boleto, durante cinco años consecutivos, para desarrollar el Fondo Antipiratería, administrado por la Cruzada Antipiratería, asociación civil dirigida por las empresas distribuidoras y exhibidoras, con la estrecha participación de Indecopi.
• Suspensión por parte de Conacine de un apoyo económico a una empresa que incumpla sus compromisos laborales. Pero no menciona el derecho de los trabajadores cinematográficos a sindicalización, beneficios sociales, prestaciones de salud, jubilación y seguro de riesgo.
• Creación de la Cinemateca Peruana, sin mencionar los recursos que tendría.

Bueno, este es el escenario. Las comisiones analizarán, discutirán, aprobarán o no aprobarán, fusionarán o no fusionarán, los proyectos llegarán o no al pleno del Congreso. Pero no hay varitas mágicas que puedan crear consenso y una ruta sencilla donde no existen. Las posibilidades de que la cinematografía peruana logre una ley justa están intactas, y cuanto más la comunidad se interese y exija públicamente claridad a sus dirigentes, más fortalecida estará.