Según un informe de la Association de Lutte Contre La Piraterie Audiovisuelle – ALPA (Asociación de Lucha Contra la Piratería Audiovisual), en Francia se hacen cerca de 450 mil descargas diarias de filmes en estreno, ya cerca del nivel de venta de las entradas tradicionales.
Frederic Delacroix, director de ALPA, mencionó que las conclusiones del estudio podrían subestimar el alcance del problema de la descarga ilegal en Francia, ya que sus conclusiones están basadas sólo en las descargas por redes de P2P extranjeras más populares. «Afrontamos un fenómeno que puede poner en peligro la industria cinematográfica. No esperabamos tales números», expresó Delacroix a la Agence Presse France.
En vista del crecimiento de las redes P2P, el gobierno francés había legislado en primera instancia que las descargas de archivos deberían realizarse con una tarifa plana, impuesta por los proveedores de Internet y destinada a compensar a los propietarios de los derechos, a fin de que esta tendencia continúe pero que las productoras obtengan ganancias. Pero ante la polémica que generó la ley, se reformó antes de su aplicación, pues se consideraba que «por error» se estaban legalizando las descargas por P2P.
La reforma de la ley propone abultadas multas para los que ponen material protegido a disposición de otros, como para los que lo descargan, y todavía mayores para los que poseen o utilizan software destinado a romper las protecciones de ese material. El debate sobre la responsabilidad de los usuarios de los programas P2P o de los programadores que los ponen a disposición del público, al no incluir medios que limiten esas descargas, recaerá en los jueces, quienes decidirán en cada caso.
Pero el verdadero debate gira en torno a si estas medidas son realmente beneficiosas para estimular la producción de las industrias culturales, ya que se hacen en base a un público que no participa en un mercado formal. Con esto queda claro que la legislación está hecha a favor de la empresa, no del autor, mucho menos a favor del usuario. ¿Por qué no se exige también a las empresas productos de calidad y al alcance de todos? ¿Puede dejar de ser un privilegio la cultura y el entretenimiento para convertirse en un derecho?
Podrían hacerse estudios más objetivos en búsqueda de una autoregulación de los usuarios, ya que no es lo mismo los intercambios de estrenos (de mala calidad) que otros títulos de alto valor cultural y de deficiente distribuición formal, ni es lo mismo descargar para uso particular a hacerlo industrialmente y con fines de lucro. Tampoco es real decir que el negocio del cine dejará de existir por la descarga, ya que el público va a las salas por mística y tradición, mucho más marcada en Francia, y que hace que el cine exista, a pesar de que algunos crean que la democratización de la información y los productos culturales lo pongan en peligro.
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