Algunos espectadores deben haber visto en los cines este afiche de candorosa imagen y paradójico mensaje: Cine para todos. Y los más atentos recordarán que el lanzamiento en Huaycán de Motor y motivo, el miércoles 3 de junio, se realizó en el marco de la campaña que reuniría a cineastas y empresarios del negocio cinematográfico alrededor del proyecto de una nueva norma legal, la «Ley Procine», cuyos artífices congresales (Luciana León, Isaac Mekler, Carlos Raffo y Luis Fernando Galarreta) participaron del estreno. Pues bien, ese proyecto no es el que durante años se ha estado manejando en la comunidad cinematográfica para reemplazar o complementar la actual Ley 26370, que desde hace una década mostró claramente sus limitaciones y dificultades para cumplirse, al depender totalmente de la escasa voluntad política del Ministerio de Educación y el régimen de turno para la entrega de las partidas presupuestales.
En medio de la celebración por el éxito de La teta asustada, que colocó al cine en la agenda de los medios de comunicación y de las autoridades, los legisladores Luis Gonzales-Posada y Johnny Peralta, quienes desde las presidencias del Parlamento y de la Comisión de Presupuesto, respectivamente, han tenido bastante que ver con el paulatino incremento presupuestal de Conacine, impulsaron la propuesta de los cineastas peruanos que nuestro organismo oficial encarnaba. Presentaron el proyecto de la Ley de Fomento a la Producción Cinematográfica Nacional el 16 de marzo, que hasta cierto momento avanzó y tenía posibilidades de cristalizarse. Sin embargo, en el camino los distribuidores y los exhibidores, que igualmente integran Conacine, también se movieron y prepararon el proyecto de la Ley de Masificación del Cine y Fomento a la Cinematografía Nacional, el cual fue presentado en el Congreso, precisamente el 3 de junio, por el cuarteto multipartidario.
Esta segunda propuesta al parecer ha sido aceptada por Conacine y la Asociación de Productores Cinematográficos del Perú (APCP), en una negociación de la que no se conocen mayores detalles, y ha ganado espacio en el ámbito legislativo. Existe la versión de que el proyecto de Peralta y Gonzales-Posada ha sido relegado y correría el riesgo de ser archivado. Ante ello, en estos días diversas voces de la comunidad han expresado su preocupación, básicamente en la lista de correo Cinemaperú, por lo que consideran una serie de decisiones desfavorables para los intereses de los cineastas nacionales, asumidas entre pocas personas y sin debate público.
Ambos proyectos -que llamaremos Ley Peralta (LP) y Ley Majors (LM)– no buscan derogar la legislación vigente, sino hacerle pequeñas modificaciones y reforzarla. Coinciden en el anacronismo del Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos, y en la creación de un Fondo PROCINE, que los cineastas presentan como Fondo de Fomento a la Producción Cinematográfica Peruana, y los distribuidores y los exhibidores llaman Fondo para el Desarrollo de la Producción Cinematográfica Nacional. Como se sabe, el artículo 57 de la Ley de Tributación Municipal indica que, en las funciones cinematográficas, corresponde un 10% del valor de la entrada. La Ley Peralta propone que el Fondo reciba, además de las partidas presupuestales del Ministerio de Educación, el 50% del monto recaudado por ese impuesto, o sea el 5% de cada boleto, lo que representa aproximadamente 6 millones de soles al año, y el 1% de la tarifa mensual del servicio de TV por cable, que significaría unos 780 mil soles al mes (esta fuente ya fue desestimada en el análisis legislativo previo).
La Ley Majors, en cambio, enfatiza que en el Perú convergen la entrada al cine más barata y la carga de impuestos a este sector más grande de América Latina, por lo que apuesta por la eliminación del Impuesto Municipal. En su lugar propone que el Fondo Procine cuente con el 1.6% del valor de la entrada (que ahora, luego de las tratativas, sería de 3%), el cual sería abonado de «forma voluntaria y temporal» por las empresas distribuidoras y exhibidoras durante cinco años consecutivos desde la puesta en vigencia de la norma. El dinero, que acumularía del 2009 al 2013 unos 21 millones y medio de soles (o unos 42 millones de soles con el nuevo porcentaje), sería administrado por Conacine, cuyo crecimiento dependería así, directamente, de los recursos de un par de componentes de su propia estructura. También de modo voluntario y temporal y por un lustro, dedicarían el 0.5% de cada entrada a un Fondo Antipiratería, que sería administrado por la Cruzada Antipiratería, asociación civil que dirigen esas mismas empresas, con la estrecha participación de Indecopi.
Este punto, aparte de pretender involucrar a la comunidad cinematográfica en una labor persecutoria que corresponde a Indecopi, como una suerte de presente griego, es una redundancia de las actividades propias de los distribuidores y los exhibidores, con el agregado de consagrarse esta vez en una norma legal. Además, surge en un contexto de mayor cerrazón de la cartelera comercial a la diversidad de propuestas, llegando a desaparecer últimamente cintas de interés en dos semanas o incluso sin pasar de los siete días. Y llama la atención que una ley hable de carácter voluntario -la temporalidad también estaría en revisión luego de haberse negociado-, e incluso se pone como ejemplo el óbolo que las empresas mineras se comprometieron a dar para la mejora de las condiciones de vida de las comunidades donde realizaran sus actividades. No es un buen ejemplo, pues ese caso fue seriamente cuestionado y es uno de los despropósitos de este gobierno. Otros puntos de la LM son el informe bienal de cuánta Inversión en Infraestructura se ha hecho para disminuir el déficit de salas en el interior del país, y la exhibición mensual gratuita de sus «principales estrenos» -¿serán la secuela, la precuela y el remake de cuanta franquicia caiga por estos lares?- para público de escasos recursos.
Otros importantes aspectos se perderían con el eventual archivamiento de la LP: el fortalecimiento estructural de los concursos, la entrega que el Fondo Procine haría a las empresas de producción, servicios y distribución cinematográfica de las regiones, del 25% del monto dispuesto como ayuda no reembolsable a la creación, producción y difusión de obras cinematográficas peruanas, lo que ayudaría a la consolidación del cine regional; y la obligación de las empresas productoras peruanas a garantizar a sus trabajadores el derecho a sindicalización, beneficios sociales, prestaciones de salud, jubilación y seguro de riesgo. Es más, el proyecto de Peralta contempla la suspensión de cualquier apoyo económico a una empresa que incumpla sus compromisos laborales, lo que haría más formal y profesional el modo de hacer cine en el país.
Reconocidos cineastas y promotores del cine peruano están pidiendo a Conacine, a su presidenta, Rosa María Oliart, y a su Consejo Directivo, que se convoque a una asamblea para exponer claramente los términos de la negociación y el futuro de estos proyectos de ley. Creemos que la mejor manera de que la legislación que finalmente sea aprobada y promulgada represente a la comunidad en su conjunto, es a través del diálogo y el intercambio de puntos de vista. El proyecto impulsado por Peralta y Gonzales-Posada presenta una perspectiva más favorable para el cine peruano y no debe caer en saco roto tan fácilmente, en cuestión de breves días o semanas. Esta es una oportunidad no sólo de conseguir más dinero y un mejor funcionamiento de Conacine en general, sino de afianzar la comunidad de la cinematografía peruana alrededor de un objetivo que involucra, precisamente, a todos.
![[Crítica] «Kinra» (2023), de Marco Panatonic](https://cdn.cinencuentro.com/wp-content/uploads/2024/08/kinra-cusco-2023-950x511.jpg)
Deja una respuesta