Ley de Cine: Cartas abiertas de los gremios

En los últimos días, las instituciones gremiales que participan en el debate de la Ley de Cine han enviado cartas abiertas a la comunidad cinematográfica. El viernes 28 de mayo de 2010, Francisco Lombardi, integrante de la Asociación de Productores Cinematográficos del Perú (APCP), envió la siguiente comunicación a la lista Cinemaperú, en la que expresa la posición de su gremio en la materia.

Carta abierta a la comunidad cinematográfica

A la Comunidad Cinematográfica:

La APCP (Asociación de Productores Cinematográficos del Perú) me encarga una introducción que contextualice la carta que hemos enviado al Presidente del Congreso expresando nuestro respaldo al proyecto número 3938, presentado conjuntamente por los Congresistas Johnny Peralta, Carlos Raffo y Luciana León y apoyado por los congresistas Luis Galarreta e Isaac Mekler. Y lo hago porque esta vez queremos dirigirnos a todos los cineastas que, desde puntos de vista probablemente diferentes, hemos seguido un debate que ha separado, de una u otra forma, a nuestro gremio. Nuestra entidad ha evitado -por razones que explicamos líneas abajo- avivar una polémica pública pero dada la situación creo que resulta a estas alturas indispensable explicar nuestro punto de vista.

En los últimos meses se ha producido un lamentable desencuentro entre la gente de cine en torno a los distintos proyectos de ley de cine que, de un año a esta parte, dan vueltas en el Congreso de la República. Yo, como parte de la APCP, he seguido bastante de cerca el desarrollo del asunto y, sin el menor ánimo de reavivar la polémica, quisiera puntualizar algunos aspectos.

El primero de ellos es que el principal cargo que se hace a la APCP es que se ha manejado con soberbia, que se ha negado a concertar. Esa impresión es una obvia consecuencia de la profusión de comunicados que ha publicado la UCP al respecto. Si bien yo no he participado en las sucesivas reuniones que sostuvieron ambas partes la impresión que tengo -obviamente proveniente de los representantes de la APCP que participaron en dichos encuentros- es que hubo posiciones lo suficientemente discrepantes como para que no se produjeran acuerdos. Ante ello la UCP inició su profusa difusión de comunicados -no voy a calificarlos para no entrar en polémica- y la APCP decidió no responderlos, no precisamente por soberbia sino justamente para evitar que sigan creciendo las diferencias dentro del gremio. Como el tono de las imputaciones subía continuamente y las respuestas y aclaraciones hubieran conllevado un enervamiento cada vez mayor, la APCP prefirió seguir trabajando sus propuestas al margen del ruido mediático. Pero aparentemente lo que se consideró un aporte al apaciguamiento de la situación ha terminado interpretándose como un ejercicio de arrogancia. Lo lamentamos.

El segundo aspecto que me gustaría mencionar es que creo que la diferencia principal entre las dos posiciones es que, mientras una (la de la APCP) considera que en este momento lo esencial es privilegiar la producción de un mayor número de películas (y de esta forma evitar la frustración de un enorme contingente de cineastas en los concursos de CONACINE -este año de 45 proyectos presentados sólo hay dinero para ayudar a 5) , la otra (la UCP) cree que este es el momento de apoyar una Ley General de Cinematografía que abarque una serie de otras áreas del quehacer cinematográfico. Hay otras diferencias, sin duda, pero creo que la central es esta.

¿Por qué la APCP apoya el proyecto 3938? Porque a través de estos últimos diez años -y podría ir aún más atrás- hemos vivido la experiencia de intentar proyectos de ley por distintos caminos y creo que hemos aprendido que lo más importante es que un proyecto se cristalice, que termine por convertirse en REAL. Para que esto ocurra es absolutamente indispensable que un proyecto de ley cuente con el respaldo de la mayor cantidad de bancadas porque si esto no ocurre el proyecto terminará paralizado y encarpetándose. Hace pocos días en una reunión de consulta en el Congreso encontramos que en el último año –entre el 2009 y el 2010- había cinco proyectos en torno del cine peruano, ¡cinco!… El comentario del experto consultado fue “con tantos proyectos sobre un mismo tema es muy difícil conseguir sacar algo adelante”. En las numerosas reuniones sostenidas en estos meses se nos ha repetido hasta el cansancio que es primordial que se encuentren consensos entre las distintas partes interesadas en un proyecto; la APCP comprendió que si no se procedía a buscar acuerdos con los exhibidores y distribuidores -que tenían desde hace años proyectos propios en relación a la supresión del impuesto del 10% a la entrada- , no iba a ser posible conseguir la aprobación de la ley. Es por esta y única razón por la cual la APCP ha buscado una fórmula que haga posible una conciliación con estos gremios. Aunque no nos resulte grato será muy difícil conseguir la aprobación de una ley de cine -que se sostenga financieramente en la supresión del impuesto a la entrada a los cines- sino logramos un acuerdo con el gremio exhibidor. En ese sentido es que la APCP ha conseguido un acuerdo con las partes a cambio de recibir un 3.3% de los ingresos que produzca el cine extranjero exhibido en el Perú. En este momento esto significaría alrededor de cinco millones de soles anuales para ayudar a la producción de películas peruanas (más de lo que el Estado entrega a CONACINE actualmente). Si nos preguntan por qué no insistimos con nuestro planteamiento original de reclamar el 5% en lugar del 3.3% debemos responder que hemos sostenido un sin fin de conversaciones con los exhibidores -inclusive con la mediación de los Congresistas implicados en el proyecto de ley- en las que se fue subiendo desde un 1.5% propuesto inicialmente por ellos hasta llegar al actual 3.3%. No hemos logrado más pese a nuestra terca insistencia. Tenemos aún la esperanza de poder subir algo más este porcentaje en etapas posteriores de la discusión del proyecto, pero hemos aceptado como un mínimo ese porcentaje porque llegó un momento en el cual el empantanamiento de la negociación amenazaba con regresar a fojas cero y con ello retornábamos a la realidad de estos últimos años: al no haber acuerdos no ha habido ley.

Es el tema de este porcentaje uno de los motivos más claros que diferencia las posiciones de la APCP y la UCP. Ciertamente si no se encuentra un acuerdo con el gremio exhibidor-distribuidor -asunto que desestima obstinadamente la UCP- la aprobación del proyecto es inviable. No es nuestra opinión: es la que hemos recogido de los propios congresistas y sus respectivos asesores a través de todo este último tiempo. Y son ellos los que aprueban las leyes, no nosotros. Desde esa perspectiva objetiva en la APCP pensamos que es mejor 3.3% -que como hemos visto nos permitiría duplicar nuestra producción de películas- a no tener nada, o, lo que es lo mismo, a seguir teniendo proyectos de ley encarpetados durmiendo el sueño de los justos como ha ocurrido en estos últimos diez años.

Es importante, señalar -y lo digo sin ánimo de incordiar- que no resulta mínimamente correcto seguir insistiendo (como lo ha venido haciendo permanentemente la UCP) con que la naturaleza de esta cesión del 3.3% (que como insisto esperamos mejorar aún en el diálogo que se avecina en el Congreso) es «temporal y voluntaria» porque si, en efecto, inicialmente esa era la propuesta del gremio exhibidor-distribuidor, la APCP rechazó de manera radical ese planteamiento y quedó eliminado desde hace ya varios meses. Y si volvió a aparecer el tema en la exposición de motivos del proyecto fue por un error que ha sido rápidamente corregido por los mismos congresistas. No contribuye pues a la claridad del debate seguir insistiendo que el proyecto debe ser rechazado por su naturaleza de «temporal y voluntaria». Por otra parte seguir diciendo que este proyecto es sólo para beneficio de las trasnacionales es simplificar -no quiero decir falsear que es probablemente lo que corresponde- las cosas. Es sabido que de las cinco cadenas de exhibición actualmente presentes en nuestro país cuatro son de capitales peruanos, no precisamente trasnacionales y sólo las empresas de distribución son extranjeras. Si hiciéramos el ejercicio de dividir el porcentaje del impuesto entre los eventuales beneficiados: CONACINE (a través de Procine), los exhibidores y los distribuidores es claro que el beneficio es mayoritariamente nacional. Es importante que orientemos con la verdad, más aún cuando las diferencias específicas -como es el caso del volumen del porcentaje- son tan pequeñas. Es más, si intentamos seguir el razonamiento esgrimido me pregunto si es que se consiguiera el 4 o 5% (como solicita la UCP) el beneficio ¿ya no sería de las trasnacionales?, ¿ese 1% y fracción cambia estructuralmente la naturaleza de los beneficiados?

Tampoco me parece que contribuya a la transparencia de este debate negar que el día 17 de febrero de este año hubo una reunión con los asesores de los congresistas Johnny Peralta, Carlos Raffo y Luciana León quienes citaron a representantes de la APCP y de la UCP (asistieron Augusto Tamayo, Gustavo Sánchez y el que escribe, por la APCP, y Christian Wiener e Inés Agresott por la UCP) para que intentaran llegar a acuerdos con el fin de superar las diferencias que estaban dificultando la aprobación del proyecto. En esa reunión la APCP resignó algunos planteamientos (en relación a temas como la Cinemateca, el porcentaje del ingreso de Procine al cine regional y otros, los cuales están incorporados como lógica consecuencia de esa reunión en el nuevo proyecto presentado por los congresistas Peralta, Raffo y León) y la UCP aceptó que el 3.3% fuera el porcentaje que cederían los exhibidores de los ingresos a las salas. Ambas entidades insistieron con los asesores congresales que se seguiría insistiendo en la posibilidad de subir este porcentaje en las instancias siguientes del proceso de aprobación de la ley. Seis personas son testigos de esos acuerdos. Terminada la reunión nos dimos todos la mano y celebramos que se haya llegado a un final armonioso y que impulsemos juntos el proyecto de aquí en adelante. Era finalmente la fusión de los proyectos Peralta y Raffo que la UCP había pedido tan insistentemente. Pocos días después, con ocasión del conversatorio sobre cine peruano que se celebró en la Universidad de Lima yo mismo hice referencia al consenso alcanzado mientras Christian Wiener se encontraba en la mesa de expositores. Christian no hizo ninguna observación a mi comentario. Sin embargo, unos días más tarde la UCP publica un comunicado en el que niega los acuerdos alcanzados. Seis testigos hubo presentes en la reunión de conciliación. Esto tampoco contribuye ni a un debate transparente ni a un acercamiento entre los cineastas.

Vive el cine peruano un momento especialmente gratificante: películas peruanas han estado en poco más de un año en los festivales de Cannes, Berlín, Venecia, Sundance y San Sebastian, los más importantes del mundo, y han conquistado premios en el más alto nivel demostrando que tenemos un notable potencial creativo en nuestros cineastas. Todas estas películas han sido posibles gracias al estímulo de CONACINE que con los pocos medios que tiene a su disposición ha contribuido decisivamente a su existencia. Pero CONACINE sólo dispone de fondos muy limitados que alcanzan apenas para apoyar cinco proyectos de largometraje al año. Como decía al inicio, son muchos los cineastas, especialmente los jóvenes, que no pueden acceder a su sueño de hacer cine y es muy triste que, teniendo la posibilidad real de contar con una importantísima inyección de dinero para, al menos, duplicar nuestra actual producción, sigamos enfrascados en desencuentros absolutamente improductivos. En la APCP somos conscientes que el proyecto que apoyamos no es exactamente el ideal pero es el que tiene el consenso de los gremios externos y de la mayoría de los Congresistas, y es el que nos permitirá hacer muchas más películas de las que hacemos ahora. Por ello la APCP decidió enviar una carta al Presidente del Congreso, carta que reproducimos aquí mismo para conocimiento de todo el gremio, con el objetivo de que nuestro proyecto ingrese a las etapas siguientes de su discusión y aprobación.

Atentamente,

Francisco Lombardi

El mismo viernes 28, Christian Wiener, presidente de la Unión de Cineastas Peruanos (UCP), envió a Cinemaperú esta respuesta a título personal.

Precisiones a Francisco Lombardi

En respuesta a la comunicación de Francisco Lombardi en un correo institucional de la APCP, me permito hacer unas aclaraciones porque me menciona de manera personal. Más adelante, y por la extensión del tema tratado, obligará a establecer también precisiones institucionales.

Efectivamente, el 17 de febrero hubo una reunión con los asesores de los congresistas Jhony Peralta, Carlos Raffo y Luciana León y representantes de la APCP y la UCP. Reunión, dicho sea de paso, a la que nosotros fuimos convocados a última hora, y de manera engañosa, pues se nos avisó inicialmente que iba a ser una reunión sólo de la UCP con el congresista Peralta, quien a la postre no estuvo presente sino sólo los antes mencionados. En esa reunión fuimos notificados por los asesores de los congresistas que habían llegado a un «consenso» para un nuevo proyecto, que consistía en no entregar mas del 3.3% al CONACINE e incorporar algunos planteamientos de la propuesta original de Peralta. Hay que mencionar que todo esto fue comunicado de manera verbal, pues el único texto escrito alcanzado en esa oportunidad fue una propuesta respecto al porcentaje para las regiones. El 3.3% no fue aceptado por la UCP, sólo fue comunicado como un acuerdo inamovible a los presentes (¿entonces qué se podía negociar?), y que, además, según el señor Juan Vargas, asesor de Peralta, iba a ser entregado bajo la figura de la contribución parafiscal, lo que fue reconfirmado cuando quien escribe le preguntó cuál iba a ser el régimen de pago establecido. Como sabemos, eso después se incumplió, pues el proyecto 3938 insiste en la figura del Convenio privado entre CONACINE y exhibidores- distribuidores, que en la práctica significa que será, aunque se retiren las palabras, un aporte «voluntario y temporal».

Pregunta elemental: si se trataba de buscar un real acercamiento y conciliación entre las partes, ¿por qué no se actuó transparentemente, presentando el texto definitivo del nuevo proyecto de ley para que ambos grupos pudieran decidir con pleno conocimiento de los hechos? ¿O es que se trataba de ganar una adhesión ciega vía el ocultamiento y la sorpresa? Es así que, terminada esa reunión, solicité varias veces, por escrito y telefónicamente a los asesores Vargas y Mónica Cépeda que nos mandaran a la brevedad posible el texto del proyecto (tengo copia de los correos enviados), y cuáles eran algunas condicionantes básicas para lograr nuestro apoyo al mismo, entre las cuales, reitero, estaba como punto de entrada el tema de la obligatoriedad y permanencia del pago.

De esta manera, y ya enterados verbalmente del contenido del texto definitivo del proyecto 3938, la UCP decidió democráticamente, por Asamblea General de sus miembros, y el voto unánime de todos los asistentes, no aceptar el supuesto «consenso» de ese proyecto. Acto seguido, se acordó respaldar el nuevo proyecto del congresista Werner Cabrera, que retoma y amplía los puntos básicos de la propuesta inicial de Peralta.

Respecto a que si en esa oportunidad nos dimos la mano en señal de cortesía (y cualquiera que conoce a Inés Agresott sabe que ella es incapaz de celebrar una reunión de esa naturaleza, o fingir lo que no siente), o si no respondí a un comentario de Lombardi en la Universidad de Lima, ya que todavía no teníamos el texto de la nueva propuesta en la mano, es algo anecdótico; situación que en todo caso no cambia los hechos de fondo. Porque si se tratase de juzgar comportamientos, qué decir entonces de la evasión de los señores de la APCP a la sesión pública convocada por el congresista Peralta días antes de la reunión aludida, prefiriendo reunirse en secreto y a solas, presentado una carta con planteamientos que no hubieran sido de conocimiento del resto de la comunidad cinematográfica, si no es porque nuestro gremio la hizo pública.

Y es que, lo que hemos venido defendiendo desde el año pasado en la UCP no es tanto una «fusión» de los proyectos Raffo-Peralta, y mucho menos en los términos que se ha realizado en esta nueva propuesta, donde lo principal sigue siendo lo que plantean las Majors y sus defensores oficiales y oficiosos. Por el contrario, proponemos una ley que beneficie principalmente al cine peruano, poniendo énfasis en la producción y en el carácter cultural de la cinematografía, sin dejar de considerar a la exhibición (y por eso propusimos el reparto del 50% del impuesto con ellos), pero siempre y en todos sus aspectos, desde un planteamiento digno y soberano, acorde a lo que se propone en otras legislaturas de cine en América latina y el mundo.

Atentamente,

Christian Wiener

Lima, 28 de mayo del 2010

Y el sábado 29 de mayo, la UCP difundió esta comunicación institucional.

Carta abierta a los colegas de la APCP

Hay que empezar saludando la iniciativa de la APCP, a través de su vocero Francisco Lombardi, de hacer pública la carta enviada a la Presidencia del Congreso de la República. Su actitud dista mucho del secretismo que ha imperado desde cuando los cineastas fuimos sorprendidos por el proyecto 3339, presentado por los congresistas Carlos Raffo y Luciana León el 3 de junio del 2009, negociado a espaldas de los cineastas entre la APCP, CONACINE y los distribuidores. La transparencia en la información, sin duda alguna, ayuda a crear un clima de mejor entendimiento y, por el contrario, el ocultamiento lo hace más difícil y dice mucho de quienes lo practican.

Ciertamente hay un desencuentro y diríamos más, se ha generado una brecha, entre la gente de cine. Recordemos que esta situación no es producto de la casualidad, ha sido gestada a partir de la actitud inicial de CONACINE y la APCP de negociar a escondidas y a espaldas de la mayoría del gremio un proyecto de Ley situado muy lejos y en algunos puntos en las antípodas del original proyecto 3081 del congresista Jhony Peralta, el mismo que fue inicialmente asumido por toda la comunidad cinematográfica. Hay que precisar que en lugar de buscarse el entendimiento entre los cineastas, ambas instituciones se ratificaron en su encierro. Ahí están, y pueden ser consultados en la lista de Cinemaperú y los blogs, los primeros comunicados de la presidenta de CONACINE y de la APCP.

Posteriormente, al surgir el Colectivo de Cineastas Peruanos, que luego devino en UCP, nosotros buscamos el diálogo, el cual se produjo en dos ocasiones en CONACINE y donde en la segunda reunión el presidente de la APCP, Augusto Tamayo, fue muy enfático y escueto: «nosotros consideramos que cada institución haga lo más conveniente respecto a los proyectos de Ley», lo que dicho en otras palabras era romper cualquier posibilidad de diálogo y entendimiento. Tal vez eso no sea una actitud soberbia, depende de cómo se le evalúe, pero en todo caso no fue la mejor manera de contribuir al encuentro, ahondando las diferencias en el gremio.

Por otro lado, llama enormemente la atención que ahora se lamente la situación existente cuando se ha hecho muy poco para tratar de superarla. Desde la UCP en todo momento reclamamos el diálogo abierto y transparente; sin embargo, hemos encontrado que desde el lado de la APCP se prefiere conversar con los otros sectores antes que entre los propios cineastas. Estamos plenamente convencidos que mientras no exista el diálogo, difícilmente se recuperará la unidad, pero para dialogar se necesitan dos y si uno de los interlocutores sistemáticamente se niega a hacerlo de qué sirve lamentarse.

Se dice que la diferencia principal es que mientras unos quieren «privilegiar la producción de películas» nosotros queremos una Ley General de Cinematografía. Habría que empezar diciendo que basta con leer el proyecto de Ley del congresista Cabrera para darse cuenta que esta afirmación está sustentada en una lectura (si es que ha existido) totalmente errónea del mismo.

En primer lugar, hay que señalar la incongruencia del planteamiento de privilegiar la producción y por otro lado ceder en términos de porcentaje, dando como único sustento para este acto una actitud «realista». Evidentemente, con mayor dinero se pueden hacer más películas, de ahí que un porcentaje de un 5%, frente al 3.3% que plantea la APCP, resulte más conveniente y por cierto totalmente factible, dotando a CONACINE de mayores recursos. Más aún, si hacemos un cálculo de ingresos, el 1.7% adicional alcanza y sobra para cubrir las necesidades de lo que la APCP califica manipuladoramente como una «Ley General de Cinematografía», cuyos artículos parecen no haberlo leído, porque también se encuentran en el proyecto de Ley de los congresistas Carlos Raffo y Luciana León: creación de la Cinemateca, apoyo a la capacitación, festivales, etc. y promover el desarrollo descentralizado de nuestra cinematografía.

La justificación que la APCP da para apoyar el proyecto 3938 es abiertamente derrotista, olvidando que los avances legales de los cineastas han sido resultado de la unidad entre los cineastas y de una actitud firme y decidida. Pero claro, si se prefiere negociar con las Majors y asumir que ellos son los que dan la pauta, difícilmente se logrará un proyecto mínimamente decente.

Se trata de confundir al gremio cuando se dice que entre el 2009 y el 2010 ha habido cinco proyectos en el Congreso y no se dice que de esos cinco, tres son los presentados por Carlos Raffo (dos en junio 2009 y el último a fines de marzo 2010), uno por Jhony Peralta (marzo 2009) y otro por Werner Cabrera (inicios de marzo 2010), y que los de Raffo siempre fueron a la zaga de los otros. Este número, que se presenta como gran hallazgo no sabemos si por desconocimiento o buscando el efectismo, se hubiera podido evitar de haber mediado un diálogo entre los cineastas, previo a uno posterior con los distribuidores y exhibidores, pero en lugar de ello se prefirió negociar a escondidas con éstos últimos, llegándose a un pacto que aún la APCP mantiene en secreto.

Se cuida mucho la APCP de mencionar en el párrafo sobre este tema a las negociaciones y acuerdos hechos con los distribuidores, y presentan como gran logro el 3.3%, porcentaje que si se lee bien el proyecto de ley 3938 de Carlos Raffo y Luciana León, significa que CONACINE es el menos favorecido económicamente y, por el contrario, son las Majors las que se llevan los principales ingresos de la reducción del impuesto, al sumarse los beneficios tributarios contemplados en el proyecto de Ley (artículo 5 inciso a, segundo párrafo). Curioso entendimiento de ser «realistas» y «privilegiar la producción». Y como si no fuera suficiente, para tratar de confundir más aún, hablan de las cadenas de exhibición que son mayoritariamente nacionales, como efectivamente así ocurre, pero no dicen nada de quiénes son sus principales socios y beneficiarios (las Majors), y tampoco que el proyecto del congresista Cabrera les está cediendo a los exhibidores el 5%, porcentaje mayor que el 3.3% que los ahora «nacionalistas» de la APCP quieren entregarles. Y no es acaso una total ingenuidad política decir: «tenemos aún la esperanza de poder subir algo más este porcentaje en etapas posteriores de la discusión del proyecto». ¿O acaso ya lo tienen conversado para presentarlo como uno de los «logros» de su «consecuente» posición?

Tampoco es cierto cuando se afirma que ante la cesión del 3.3% voluntaria y temporal, «la APCP rechazó de manera radical este planteamiento y quedó eliminado hace varios meses». Curioso y significativo cambio, porque el año pasado la APCP defendía –y ahí están los correos al respecto– esta condición del pago como inevitable e inamovible. Ahora, es cierto que las palabras en mención han sido retiradas (aunque siguen figurando en la web del Congreso) de la exposición de motivos del mencionado proyecto, pero se sigue insistiendo en un convenio privado como el Convenio Minero (ver exposición de motivos, página 10) y no hay que ser doctor en Derecho para saber que, por su naturaleza, los convenios son voluntarios y tienen una duración, y el mismo congresista Raffo se ha encargado de reiterarlo cuando se le ha preguntado sobre el tema. Es decir, se saca de un lado las palabras pero se deja el fondo y el resultado final siempre es el mismo: voluntario y temporal. Y si se lee aún con mayor detenimiento, se verá que el mencionado proyecto no menciona para nada mantener el financiamiento de la Ley actual 26370. Y a buen entendedor, esto significa dejar el financiamiento futuro del cine peruano en manos de las Majors. La faena completa: más ingresos y el control del financiamiento. ¿Esto es ser realista?

Y tampoco está garantizado, además, que esa ley sea segura y viable como lo afirman sus promotores políticos. Ahí tenemos el caso reciente del proyecto de la Ley de Mecenazgo Cultural, impulsado por la congresista Luciana León, y que a pesar de no tener mayor oposición en el Parlamento ha sido observado por el MEF. En tal circunstancia difícilmente prosperará una ley que, no olvidemos, afecta un impuesto vigente, y que no tenga un efectivo consenso de todos los sectores; y todo por un cálculo político, porque los mismos exhibidores y hasta los distribuidores han señalado que, de ser el caso, se allanarían a que realmente se asegure, por ley y no convenio, el pago al fondo.

Desde la UCP planteamos, por el contrario, un financiamiento obligatorio y permanente, lejos de las coyunturas políticas e inseguridades que generan un convenio que inevitablemente será temporal y voluntario por más «candados» que se prometan colocar. En ese sentido, una contribución parafiscal, de mediar la voluntad política de nuestros congresistas y el Ejecutivo, sí es posible, puesto que existen antecedentes en la legislación peruana e internacional, permitirá asegurar nuestro desarrollo cinematográfico con más películas, mayores oportunidades para el desarrollo de los cineastas de todo origen y lugar, una mayor cultura cinematográfica y la necesaria profesionalizació n de los trabajadores del sector, confluyendo todo esto en el desarrollo de una verdadera industria cinematográfica, la única manera de consolidar verdaderamente nuestro cine. Existe al respecto una sentencia del Tribunal Constitucional que señala que la promoción de la cultura constituye un deber primordial del Estado social y democrático de Derecho y que el Estado puede promover las manifestaciones culturales, legítimamente, mediante el ejercicio de la potestad tributaria; por cuanto que los fines económico, sociales, políticos y culturales son también objetivos a cumplir con la imposición de tributos o con su exoneración.

Para terminar, es necesario recordar que en los orígenes del debate sobre la ley de cine, está el proyecto del congresista Jhony Peralta, que fue posible gracias a la coyuntura del premio en Berlín de La teta asustada. El posterior viraje, inexplicado e inexplicable, del CONACINE y la APCP y la cerrada defensa que hacen de las propuestas de las Majors (los gremios externos como se cuidan de decir), cerrando el diálogo con el conjunto del gremio de la producción y cultura, ha sido el que viene impidiendo que hasta la fecha no contemos con una Ley de Cine que beneficie a la cinematografí a en su conjunto. ¿Quién entonces es el que verdaderamente impide la aprobación de la Ley de Cine? Juzguen ustedes.

Esperamos que nuestra respuesta no motive destempladas reacciones. Desde esta lista reiteramos nuestra voluntad de diálogo, serio y alturado, pues estamos seguros que ese es el reclamo e interés de todos los cineastas, sin excepción. El talento, la creatividad y el esfuerzo laboral presente en nuestro cine así lo reclama. Y tal vez un poco de humildad sea el ingrediente necesario para llegar a un acuerdo que puede significar muchísimo, no sólo para quienes estamos directamente comprometidos en la gran tarea de construir nuestra cinematografía, sino para el gran público al que siempre nos debemos.

Unión de Cineastas Peruanos

Lima, 29 de mayo del 2010