Hace unos meses nos enteramos, algo sorprendidos, de la existencia de una nueva película peruana, un documental. El autor era Andrés Mego, blogger y crítico de cine. La sorpresa era que nadie imaginaba que Andrés fuera un cineasta, hasta ahora.
La película titulada Aquí vamos a morir todos (2012) es un documental testimonial de 50 minutos de duración, sobre un sobreviviente de la llamada “masacre de los penales” perpetrada en 1986, episodio en el que perdieron la vida más de 200 internos, muchos de ellos luego de haberse rendido, lo mismo que cuatro policías, tras el debelamiento de un motín en tres penales de Lima, entre ellos el de la isla penal El Frontón, ubicada frente a El Callao. Y lo obtenido por Andrés no es poca cosa, ya que se trata de un testimonio de primera mano de un testigo privilegiado del luctuoso acontecimiento ocurrido hace más de un cuarto de siglo.
El problema de este documental es que está completamente apegado a la posición política del Movadef (Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales) con respecto tanto al conflicto armado interno que vivió el país en esos años como al episodio que motiva la obra. Punto de vista planteado muy inteligentemente, todo sea dicho, de tal forma que durante buena parte del documental lo humano pareciera estar por encima de este claro sesgo político.
El documental se estrena esta semana en la 11 Muestra de Documental Peruano, y también puede ser visto en internet:
No encontramos en esta obra el pesado discurso ideologizado que caracteriza los documentos del Movadef que circulan por la web. Tenemos, en cambio, al comienzo, imágenes de vida cotidiana del personaje, Julio Yovera, de 70 años de edad. Lo vemos en su taller de reparaciones de electrodomésticos, conocemos a su familia (su esposa, hijos) y amigos, y participamos de su modesta celebración de cumpleaños. La cámara ha empezado mostrándonos en planos muy cercanos su trabajo y luego se va deteniendo también en detalles de su vivienda, los que ilustran su pobreza pero también una vida ordenada, sobria y donde no faltan incluso efigies católicas.
El interés aumenta cuando se muestra un especie de peregrinaje marítimo de los deudos y familiares de los muertos en El Frontón, quienes llevan banderolas y flores en lanchas desde El Callao hasta la que fuera isla penal. Igualmente, es reveladora la movilización de los familiares en el primer puerto del país, principalmente jóvenes con sus banderolas y consignas, la realización de un pequeño mitin; y, sobre todo, el relato de los hechos realizado por Julio Yovera desde el mismo lugar de los hechos, donde aún se pueden observar los restos de algunas paredes con los boquetes e impactos de bala conservados desde hace más de 25 años. En estos episodios, así como en el resto del documental, se mantiene un enfoque distanciado, es decir, no hay mayor intento de identificación del realizador con el protagonista; y la obra se beneficia con la imagen de devastación que exhibe la isla, la novedad que supone el tema y sus implicancias en términos políticos e históricos.
El documental da una cierta impresión de objetividad, que no es tal, ya que se omite informaciones claves sobre el contexto en que ocurrieron los hechos. De esta forma, lo que NO se dice en el filme termina siendo fundamental para tener un enfoque completo de las circunstancias en que ocurrieron los dramáticos y cruentos sucesos, dando la impresión de que fue cierta la posición de Sendero Luminoso según la cual existía un “plan genocida” para liquidar a los terroristas presos en las cárceles de Lima.
Veamos estas omisiones. La primera es que durante la toma de los penales por los presos senderistas en junio de 1986 se estaba realizando en Lima la XIII Conferencia Internacional Socialista de Mujeres y el XVII Congreso de la Internacional Socialista (IS), al que asistían líderes mundiales de entonces, como Willy Brandt, entre otros estadistas, miembros de partidos políticos de más de 40 países y numerosos periodistas. Por tanto, incluso si hubiera existido tal “plan genocida”, difícilmente habría habido la intención de ejecutarlo ante los ojos del mundo.
En cambio, en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) se lee lo siguiente: «Sendero Luminoso pretendía exacerbar el clima de violencia al interior de las cárceles y generar una reacción violenta por parte del Estado para demostrar así su carácter “genocida”. Al respecto, durante la reunión de dirigentes y cuadros de esta organización subversiva realizada el 23 de marzo de 1986, Abimael Guzmán Reynoso se expresaba en los siguientes términos: «Hay que inducir al genocidio. Ese es el acuerdo de la IV Plenaria. Y eso no es propiciar la muerte, porque es la reacción la que la lleva todos los días. Hay que volarles su plan. Cuanto más volemos su plan: ¡aplicarán genocidio!»». (Las ejecuciones extrajudiciales del Penal del Frontón y Lurigancho – Informe CVR, p. 742).
Nada de esto es mencionado, mostrado ni contrastado en el documental. Se presenta solo una parte de la posición de Sendero, no la versión completa. De hecho, más que un “plan genocida” en ciernes, lo que ocurrió fue un acto deliberado y consciente por parte de Abimael Guzmán para “inducir al genocidio”, aprovechando el evento político internacional para visibilizar su accionar terrorista. Logró ambas cosas.
El no examinar estos datos resulta grave porque ofrece una visión parcial del fenómeno terrorista en el Perú. Particularmente, evita mostrar el uso instrumental de “las masas” por el senderismo; más aun, el uso consciente de sus propios militantes como carne de cañón para una acción meramente propagandística, puesto que no había un objetivo militar factible en la toma de las prisiones. De esta manera, Abimael Guzmán se irrogaba el derecho a decidir sobre la vida y la muerte de miles de personas. Se trata de la llamada “cuota de sangre”, presuntamente inevitable, para la obtención del poder. Este aspecto –mesiánico y hasta cierto punto auto destructivo– del senderismo no aparece por ningún lado del documental.
Pero hay todavía un tercer aspecto importante omitido en esta parte del documental: el de las responsabilidades políticas de la masacre y el resarcimiento de las víctimas. En ningún momento se menciona el papel del gobierno de entonces ni el de los responsables operativos del hecho. La masacre, ocurrida el 18 de junio de 1986, sucedió en el primer año del primer gobierno de Alan García. Hay testimonios que señalan que el joven mandatario presionó a los jefes militares y policiales para que debelaran el motín e impusieran la autoridad en los penales. En aquel entonces se atribuyó esta decisión apresurada a la inexperiencia del gobernante, aunque ahora estaríamos más dispuestos a creer que fue más por el “ego colosal” que ya entonces exhibía García. Aparentemente, no podía soportar que los senderistas le opacaran la reunión de la IS y ordenó la represión del amotinamiento, sin medir las consecuencias derivadas del accionar de unas fuerzas militares y policiales que muchas veces no habían respetado la vida de inocentes en la guerra interna, menos la de terroristas rendidos.
De esta forma, el gobierno terminó cayendo en la estrategia provocadora de Abimael Guzmán llevando a cabo una masacre sin precedentes. El que estos hechos no sean mencionados ni ameriten algún tipo de reflexión en el protagonista ni en el documental es consistente con la línea del Movadef a favor de una amnistía general a todos los involucrados en la guerra interna. Esta es la única explicación que vemos a que no se detallen responsabilidades penales y políticas sobre una acción en la cual “vamos a morir todos”.
Otra parte cuestionable ocurre durante la visita de Yovera a la exposición fotográfica de la CVR, ante la cual el protagonista exhibe una actitud ambigua, por decir lo menos. Pero lo grave es cuando le preguntan sobre las masacres que cometió Sendero durante la guerra interna. Su respuesta es que se trató de algo normal en una guerra. Esta postura política es inaceptable. Obviamente, en una guerra es inevitable la muerte de combatientes armados de bandos en pugna, pero ese no es el caso del asesinato de civiles inocentes –como niños, mujeres y ancianos– y de personas desarmadas o presos que se han rendido. Los ajusticiamientos extrajudiciales (incluyendo esta matanza, así como también los llamados “juicios populares”) y las desapariciones forzadas son crímenes execrables, además de actos indignos y violaciones a derechos humanos básicos, como el derecho a la vida. Y la ley los sanciona. Esto es ineludible no solo por ser de justicia sino para disuadir futuros intentos de repetir estos crímenes atroces por razones políticas.
Y en el caso de Abimael Guzmán y su grupo lo es doblemente ya que se trata de una organización antidemocrática que tiene una concepción intrumental (léase manipulatoria) de la política. Es decir, utilizan ahora los procesos electorales –como antes el terrorismo– para fines abiertamente dictatoriales; igualmente, en nombre de los “derechos fundamentales” pretenden volver a la arena política legal –mediante un “borrón y cuenta nueva”– que les permita intentar instaurar su régimen totalitario usando un espacio electoral en el que explícitamente no creen. Y, en el caso que ahora examinamos, Guzmán utiliza a las víctimas de una masacre que él mismo indujo para que acepten que esa matanza injustificable es propia de una guerra y que sus responsables también deben ser perdonados. Por supuesto que entre ellos figura –y en primerísimo lugar– quien propone esta amnistía general: Abimael Guzmán Reynoso.
Al dejar de lado estos hechos fundamentales, el documental termina siendo una apología de la posición del Movadef. Es cierto que un documental no tiene que mostrar necesariamente todos los aspectos de un fenómeno o hecho social, pero al menos podría haber introducido preguntas o presentado información de contexto para contrastar el punto de vista del protagonista. Sin embargo, lo más grave es que, para una persona no informada, el testimonio de Yovera pasaría como la versión cierta y completa de los sucesos, respaldada en el hecho excepcional de haber sido relatada por un testigo y sobreviviente de la masacre. De allí que, pese a las astutas omisiones destinadas a darle credibilidad a este producto, en el fondo “Aquí vamos a morir todos” es un ejercicio de manipulación política muy bien realizado.
Finalmente, no debemos pasar por alto el contexto en el que se lo presenta. Estamos en una situación en que la mayoría de los medios de comunicación alimentan un exagerado clima de alarma y reavivan temores de una reaparición del terrorismo en el país. Como lo ha sostenido el antropólogo Javier Torres, el Movadef es un movimiento político minúsculo y la población todavía mantiene vivo el recuerdo de los años de terror, por lo que las perspectivas de crecimiento de esta organización son –de momento– muy limitadas.
A ello se suma, paradójicamente, una propuesta similar a la del Movadef, pero a favor del indulto al ex presidente Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos bajo su responsabilidad durante su mandato; la cual es sostenida desde hace varios años por esos mismos medios de comunicación que defienden al fujimorismo.
Es en esta situación que “Aquí vamos a morir todos” cae a pelo en su intento de sensibilizar a la población y presentar el nuevo giro del senderismo hacia la legalidad, mostrando a un veterano militante al que difícilmente se le podría hacer encajar en la imagen de asesino sanguinario con la que se describe habitualmente a los terroristas en los medios. Al contrario, más bien se trata de una víctima y sobreviviente de un hecho atroz, supuestamente perpetrado en el marco de un “plan genocida”. Impresión que se refuerza cuando lo vemos en su cotidianeidad como un trabajador sencillo y sobre todo pacífico; levantando además banderas de perdón y reconciliación, reforzadas por la peculiar afirmación de Movadef de que acabó la guerra y “los muertos son de todos”. Fin de la discusión, no busquemos más culpables.
Esta es la imagen que el Movadef parece querer vender, como anticipo al incremento de su cada vez más extendida actividad en el campo electoral, cultural y sindical en el país; todo ello en perspectiva de la liberación de algunos de los principales líderes senderistas –como Osmán Morote Barrionuevo y Margot Liendo–, cuyas condenas están por concluir en los próximos años. Esto nos conduce a una discusión necesaria sobre cómo enfrentar el retorno de esta organización al campo político y cultural, lo que excede el presente artículo, y al que dedicaremos uno próximamente.
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