El 2015 el cine peruano batió el récord de estrenos comerciales. Son 29 títulos exhibidos en los circuitos comerciales, lo que marca un hito en la historia de nuestra cinematografía, al que se debe sumar las películas estrenadas en otros circuitos no comerciales, incluido festivales y muestras en Lima y el interior del país. Ciertamente que este resultado no viene de la nada, porque desde hace tres años, luego del mega éxito de «Asu Mare” ha ido produciéndose una creciente avance de la presencia del cine nacional en las pantallas locales, y no solo en cantidad sino también en cuanto a la recaudación, con varias cintas que estuvieron ubicadas entre las más taquilleras al final de los últimos años.
Podría decirse entonces que el cine peruano atraviesa uno de sus mejores momentos y hay motivos para el optimismo. Incluso no faltan voces que reclaman no insistir en leyes de cine y cuota de pantalla, si el cine peruano llega al público cada vez más, lo que no es tan cierto en todos los casos y películas. Más allá de los números, si uno analiza en profundidad y contexto, esta bonanza no parece tan sólida ni duradera como aparenta, en la medida que se apoya en bases endebles y en muchos casos, de muy corto plazo.
Tal vez lo más consolidado sea el proyecto de la empresa Tondero Films, responsable de los grandes taquillazos como “Asu Mare 1 y 2″, A los 40 o la coproducción Lusers; lo que les ha permitido una gran capitalización para poder incursionar en otras producciones dirigidas a públicos menos masivos. Más allá de la opinión personal de cada uno sobre estas producciones, lo que no se puede negar es que se trata de un proyecto empresarial claro y consistente, similar al que se ha llevado a cabo en otras latitudes, en la perspectiva de construir una industria cinematográfica nacional. Guardando las distancias, otras productoras como las que han incursionado en el cine de terror a la moda (el ‘found footage’) con protagonistas adolescentes e inspiradas en casas embrujadas y leyendas urbanas, han logrado una considerable cantidad de espectadores, pero se revelan más precarias y ocasionales, más aún por la tendencia a la repetición de esquemas y clichés para tratar de aprovechar el pequeño boom fílmico.
Diferente es la situación de los concursos de la actual Ley de Cine organizados por la DAFO – Ministerio de Cultura. Es cierto que en este gobierno se logró por fin asegurar la partida presupuestal completa para este fin, luego de la dación de la Ley 29919, lo que ha permitido que los concursos se realicen de manera más amplia, ordenada y constante, reduciéndose –aunque no eliminándose- las observaciones a su convocatoria y ejecución. Pero el problema de esta norma es de origen, y es su dependencia del pliego presupuestal, siempre apretado y mezquino, y de la buena disposición de las autoridades de turno de cumplir con este mandato, cuando la experiencia de largos años ha demostrado que no comporta mayores sanciones el no hacerlo. Recordemos que estamos ad portas de elecciones, con predominio de candidaturas neoliberales y en pleno desaceleramiento de la economía, lo que podría traducirse en recortes a las subvenciones al cine como ya ha sucedido en España, Argentina y Brasil. Lo más grave, empero, es que ello sirva para una nueva arremetida ideológica desde el poder y los medios contra todo tipo de patrocinio estatal, en especial si la mayoría de las películas premiadas sigan siendo celebradas por la crítica y festivales, pero no tienen igual acogida del público.
Por último, en cuanto a la producción independiente no pensada para el circuito comercial, parece en parte firme y sostenible en cuanto a sus objetivos y metas, sea en la vía de la ficción como el documental. La gran democratización que significó la tecnología digital en todo el proceso de producción, distribución y exhibición hizo posible el auge de estas producciones en todo el país. Queda sin embargo por saber si la estrechez económica de los próximos años afecte o no significativamente a este sector, que en la gran mayoría de los casos no ha encontrado fórmulas de sostenimiento económico sustantivo más allá de la inversión personal. Eso parece visible en un sector de los cineastas regionales, que han constituido recientemente una asociación, y cuyo texto fundacional se centra de forma exclusiva en los concursos de la DAFO – Ministerio de Cultura, como si estos fueran eternos y seguros, sin una sola mención a la necesidad de una nueva ley de cine, y ni siquiera de las condiciones de la producción y exhibición de su producción propia y auto gestionada, que fue el origen de su identidad cinematográfica, hoy parece en vías de olvidarse.
Muchos dirán que mi balance es demasiado pesimista o que incluso estaría respirando por la herida. Nada más lejos de ello, mi mayor deseo sería equivocarme y que el cine peruano no solo consolide sino avance en el camino de lo logrado en estos años. Pero me temo que será poco probable, en especial mientras no logre tener un marco legal adecuado, integral y sostenible, como venimos insistiendo desde hace años de forma infructuosa, y con un panorama político futuro poco propicio para tener esperanzas al respecto. Ya que, y reitero lo que he dicho en otras ocasiones, las leyes y las políticas culturales, son siempre fruto de voluntades políticas de los gobernantes, en conjunción con gremios activos y una sociedad civil que lo respalde. Aquí, por el contrario, parece seguir primando la complacencia por el disfrute de lo inmediato y efímero a todo nivel. Ojalá que dure, y que el despertar no nos coja, como en otras ocasiones, con la guardia abajo. Es mi mejor deseo en estas fiestas de fin de año y con el sueño de un mejor 2016.
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